Capitulo XIII: La participación ciudadana

Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.

(Theodore Roosevelt)

            La constitución de 1978 doto al Estado español de una monarquía parlamentaria en la que, el Jefe de Estado es el Rey, actualmente Juan Carlos I, y la sucesión en el cargo tiene carácter “hereditario”. En consecuencia no cabe que el pueblo elija al sucesor del actual representante de la Corona. Así mismo el Jefe de Gobierno, es un cargo electo pero tampoco es elegido directamente por los ciudadanos, sino que son los diputados electos  del Congreso de los Diputados, quienes eligen Presidente al candidato propuesto por el Rey.

El sistema electoral  establece el procedimiento a través del cual los votos otorgan la representación a los distintos candidatos que resultan electos para acceder al acta de diputado . En nuestro país se emplea el “sistema proporcional”, que significa hacer depender la representación parlamentaria del porcentaje de los votos recibidos. Para el Congreso de los Diputados cada provincia o ciudad Autónoma es una circunscripción a la que se le asigna un número igual para todas mas otro número de escaños, en función de la población de cada provincia o ciudad Autónoma. Efectuado el recuento de los votos que obtiene cada formación política que concurre a las elecciones, se procede a la asignación de los diputados mediante un método matemático, llamado Ley D’Hont.

Una vez reunido el pleno del Congreso el candidato propuesto por el Rey ha de obtener la mayoría absoluta de los votos de los miembros de esta cámara para ser elegido en primera votación. En caso de que ningún candidato sume, al menos, la mitad mas uno de los diputados (176), debería buscar los votos de los diputados de otras formaciones políticas para obtener esa cifra; de no obtenerla en primera votación, entonces en segunda convocatoria con mayoría simple podría ser elegido Presidente del Gobierno.

Los ciudadanos votamos a los representantes que nos presenta cada partido político en cada provincia o ciudad Autónoma. Este sistema “representativo” no solo impide que sea el ciudadano quien decida quien ha de ser el Presidente del Gobierno de la nación, sino que también lo impide respecto del Presidente de la Comunidad Autónoma o al Alcalde en su caso. Los políticos se han cuidado mucho de ser ellos quienes lo deciden. Los ciudadanos hemos delegado en ellos la facultad de presentar a los candidatos en listas cerradas impidiendo que se pueda eliminar o añadir candidato alguno.

No nos engañemos, el sistema ha sido negociado entre los partidos políticos, pensado para  potenciar la maquinaria de los mismos, quienes a su vez como se ha demostrado históricamente que las listas, con las que concurren a las elecciones, no están pensadas en quienes mejor representen los intereses generales de los ciudadanos, sino que las cúpulas incluyen personas dispuestas a seguir a pies juntillas los intereses de la dirección de cada partido. Así es que se nos priva de la posibilidad de participar de forma activa en la elección de quienes deseamos que nos representen; así es que, nos vemos obligados a dar el voto a personas que, en muchos casos, no son merecedores de nuestra confianza.

El sistema electoral implantado por los políticos e impuesto a los españoles, desde mi punto de vista, carece de la credibilidad democrática necesaria, debido a que favorece una partidocracia que tiende a limitar las opciones alternativas que puedan emerger de una ciudadanía independiente y reducir a la mas mínima expresión la participación directa de los ciudadanos en la “cosa pública”. Creo que la sociedad española debe reflexionar al respecto y reclamar la modificación del actual sistema electoral por uno mucho mas democrático “proclive a la participación directa del pueblo” en la elección de sus máximos representantes al frente de las instituciones mas importantes”. Comenzando por establecer listas abiertas en las que se le ofrece al elector la posibilidad de decidir quienes serán sus representantes, en vez de tener que dar “per se” su voto a quienes son presentados por la maquinaria electoral de los partidos políticos.

El comportamiento seguido por los grupos políticos, desde la transición, ha demostrado que la delegación del voto en los representantes políticos, especialmente cuando ninguno obtiene la mayoría absoluta, a los ciudadanos nos sale muy caro,  ya que nunca son los intereses generales los que toman en consideración, sino los partidistas de quienes “cocinan” esas mayorías, y el posterior reparto de ciertas partidas presupuestarias, del intercambio de los cargos públicos, y la negociación de otras prebendas o canonjías tramitadas generalmente con escasa transparencia.

En un sistema de listas abiertas, para elegir a los máximos representantes del Gobierno del Estado, de los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de los Alcaldes de las Corporaciones Locales, en caso de no obtener la mayoría absoluta en primera votación, se tendría que recurrir a convocar una segunda votación, para que fueran los ciudadanos quienes se manifestaran sobre quien ha gobernar la institución para la que se convocan las elecciones. En esta segunda votación  únicamente se presentarían los candidatos entre quienes que hubieran obtenido mayoría de votos y en “circunscripción única” se sumarian los votos para determinar quien ha de ser quien Presida la correspondiente institución. Una vez que los ciudadanos han elegido, entonces si serán quienes han resultado electos los que deberán negociar con las otras listas minoritarias la aprobación de los presupuestos, o los distintos temas de legislatura que resulten pertinentes para su aprobación.

Así mismo, y con el propósito de favorecer la construcción de una sociedad participativa soy partidario de las consultas populares vinculantes mediante los “referéndums”. La sociedad española ha sido “testigo mudo” de la disputa política referente al “sistema educativo español”. Según la alternancia política en cada legislatura, una de las primeras medidas que adoptaba el Gobierno entrante es trastocar el sistema anterior, impidiendo la continuidad y generando inseguridad en la comunidad educativa. El sistema educativo no ha ser un sistema “ideologizado”, debe ser un sistema racional, eficiente, querido y respetado por “todos” los españoles, puesto que con el han de ser formadas y preparadas las futuras generaciones de personas que supuestamente han de contribuir  al crecimiento del país; y esta contribución no podemos dejarla en manos de quienes quieren dejar su impronta partidista, la educación ha de ser un tema de ESTADO. El margen para reducir las diferencias con otros países de la Unión Europea en cuanto al PIB únicamente bien por mejora de nuestra competitividad, lo que a su vez depende de la modernización de nuestro sistema productivo. Para ello se precisa de un sistema educativo donde se prepare eficientemente a las nuevas generaciones, por ello los ciudadanos debemos tener potestad para decidir si con el sistema que actualmente tenemos contribuye o no a equipararnos con el de los países que lideran el ranking mundial. Está demostrado que el futuro de un país depende básicamente de la competencia y de la formación que tenga de su “capital humano”, por ello la “determinación del nivel de calidad” no puede dejarse en manos de unos partidos políticos que lo conviertan en moneda de cambio política.

La mayoría de los países que tienen la institución del referéndum parece que han aprendido a beneficiarse de ella, la han incorporado como un rasgo distintivo del proceso político. Los referéndums, como muchas otras instituciones políticas, potencialmente tiene ventajas y desventajas. Las ventajas incluyen el que una decisión puede ser asumida por quienes eran opuestos al tema y que no hubieran aceptado una decisión similar de haber sido tomada por el parlamento o el gobierno. Los referéndums incrementan la participación popular en la toma de decisiones y tienen un efecto educativo e informativo para una población que se puede sentir mejor informada acerca de los temas en consulta .

Los referéndums han de tener unos limites, nunca debieran poner en tela de juicio los derechos y libertades básicas, ni de dar paso a la segregación de las minorías por decisión de la mayoría. En cualquier caso, creo que los ciudadanos debemos ser consultados en aquellas cuestiones que afectan a nuestro bienestar o a la riqueza futura; la madurez política del pueblo español esta sobradamente demostrada, en consecuencia no debe ser privada de la consultas sobre cuestiones que sean de su interés.

Somos los propios ciudadanos quienes percibimos a los políticos en general, a los partidos políticos y a la política, como el tercer problema de este país, inmediatamente detrás de otros graves problemas como son el paro y la situación económica.  Es una prueba clara de que la ciudadanía percibe de forma clara lo que le perjudica en su vida, de ahí que la sociedad ya no confía en ellos como agentes capaces de encontrar soluciones para encauzar los problemas que tiene este país.

No son reformas superficiales las que necesita este país, estamos necesitados de grandes y profundas reformas que contribuyan a restablecer los valores cívicos que una sociedad democrática y moderna requiere comenzando por la participación ciudadana en las cuestiones que hasta la fecha le han sido sustraídas, sin embargo esto además se requieren otro tipo de medidas tendentes a restablecer una confianza perdida debido al comportamiento de muchos, deben exigirse responsabilidades a tantos que han aprovechado sus cargos para cometer todo tipo de abusos que han de sufrir el castigo y la reparación que determinen los tribunales de justicia. A partir de ahí y ante un camino limpio de “trampas políticas” iremos recuperando la confianza que solo lo será en la medida en la que la dejación de la actual representación política deje de ser “permisiva” con tanto elemento corrupto.

Los problemas derivados de la corrupción no desaparecerán de la noche a la mañana con una mera reforma del sistema electoral favoreciendo la participación ciudadana. La reforma quizás mas importante tiene relación con la Justicia, en primer lugar habrá que desterrar la actual sensación de impunidad que el ciudadano percibe que tienen los cargos políticos corruptos, el motivo es que desde que se descubren los indicios de un delito hasta que se dicta sentencia transcurren muchos años, en segundo lugar, se da sensación de que los políticos disfrutan de ciertos privilegios que evitan las penas de cárcel, y en tercer lugar nunca se les condena a reparar el daño causado con la devolución de lo que se llevaron. La responsabilidad de los políticos que desempeñan tareas de gestión al frente de las Administraciones Publicas debiera ser equiparada a la que tiene un empresario, si este tiene que responder de su gestión al frente de una empresa, lo mismo tendría que ocurrir cuando es un político quien al frente de una administración lleva al desastre económico a esa entidad, en consecuencia debiera asumir responsabilidad tanto civil como penalmente.

Tengo claro que los políticos, ocupan unos cargos, no por ser técnicos, si no como meros representantes de los ciudadanos, como tales tienen que ser capaces de gestionar o administrar unos recursos limitados, y en consecuencia están obligados a priorizar y satisfacer eficientemente las necesidades. Pero no son ellos quienes tienen que participar en la contratación de las empresas o de los profesionales que han de prestar sus servicios, o entregar los productos o ejecutar las obras necesarias; esa labor deberá estar en manos exclusivamente de los técnicos de las Administraciones y Organismos Públicos. Esta premisa exige afrontar una reforma de las normas relacionadas con la contratación de las administraciones públicas, suprimiendo toda intervención de los políticos en el proceso de contratación y estableciendo las garantías precisas para evitar que la corrupción se traslade a los técnicos. Entre otra de las cuestiones que ha de contemplar la norma seria la eliminación de los criterios subjetivos que se establecen para baremar las propuestas. Y si una empresa es sancionada por sus malas practicas en sus relaciones con las Administraciones Públicas debería ser condenada a no concurrir nuevamente a prestar futuros servicios o ejecutar nuevas obras en tanto no transcurra un mínimo lapso de tiempo.

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